Reportero Dicharachero

Delitos contra la seguridad en el tráfico de vehículos, especialmente conducciones bajo la influencia de las bebidas alcohólicas (CBIBAS) están prescribiendo en Balears por la lentitud y atascos que sufren algunos juzgados de lo penal, especialmente el dedicado exclusivamente a la ejecutoria de sentencias, según destaca la fiscalía general del Estado en su última memoria. Desde la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Balears se ha pedido que los jueces de guardia retiren en el acto el carné de conducir a los conductores que hayan admitido haber circulado bebidos, lo que ya está impidiendo que este tipo de delitos quede impune.
La memoria de la fiscalía general del Estado dedica un amplio capítulo a los problemas para enjuiciar y reprimir los delitos contra la seguridad vial.
Uno de los apartados analiza alguna perversión del actual sistema de juicios rápidos para enjuiciar delitos menores, entre ellos las CBIBAS. Este sistema permite a los conductores denunciados por dar positivo en controles preventivos de alcoholemia, o tras accidentes normalmente sin lesiones importantes, acogerse a una reducción de la posible pena a cambio de declararse culpables en el mismo juzgado de guardia.
Ayer mismo se dio un supuesto de esta clase y un ciudadano, al que el fiscal pedía inicialmente 15 meses de retirada del permiso de conducir, se conformó con una pena de diez meses sin dicho carné.
Sin embargo, la ejecución de estas sentencias de juicios rápidos pasa normalmente al juzgado de lo penal 8 de Palma, un órgano saturado desde hace años y con varios miles de sentencias condenatorias pendientes de hacer cumplir.
La fiscalía del TSJB advierte de que, si no se toman medidas preventivas (como la incautación del carné por el propio juez de guardia), "la tardanza de los juzgados penales provoca retrasos que acaban en la prescripción de la pena".
Los fiscales insulares advierten que la impunidad se da en muchas conformidades donde son frecuentes condenas de 8 meses sin carné, "que conllevan un plazo de prescripción de un año". Si la ejecución de la condena se demora más de un año, el delincuente ya no puede ser obligado a cumplir la pena. Este mismo problema se ha detectado en otros puntos de España, como Valencia y Tarragona. Desde otras fiscalías, como las de Tenerife o La Coruña, se ha instado a la retirada por el juez de guardia. Esta cautela se aplica ya en Palma desde hace algunas semanas.

Fuente: diariodemallorca.es